Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR

CHETUMAL.- El diputado Julián Ricalde Magaña urgió al gobierno del Estado, a los ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y al poder Legislativo, atender el clamor popular de la consulta ciudadana del 2022 que resultó favorable a la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua potable y drenaje a la empresa Desarrollo Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., o Aguakan.

Coincidió con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Humberto Aldana Navarro, sobre la necesidad de que el caso sea dirimido en los tribunales.

“Eso se sabía desde un principio, todo mundo lo sabía; la primera definición fue que los efectos de la vinculación de la consulta ciudadana hacían responsables al Estado, a los municipios signados y al Congreso del Estado, porque finalmente la legislatura es la que convalida el tiempo, fuera de los tres años que tienen los municipios, y también se sabían otras cosas”.

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Sobre los trabajos de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan opinó que fueron en vano, porque desde un principio el asunto debió ser tratado en los tribunales.

Ricalde Magaña dijo que los datos más valiosos los otorgó en su momento el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Alberto Covarrubias Cortés, quien reveló que durante todo el tiempo del gobernador Roberto Borge no hubo una sola evaluación y tampoco la hubo durante los primeros cuatro años de Carlos Joaquín.

El legislador reconoció que el Estado, los municipios y el congreso están violentando la Ley de Participación Ciudadana que hace vinculatoria de consulta pública del 2022 que se llevaran a la par de las elecciones locales.

“No podemos convocar a la sociedad civil y luego no responder”, dijo.

Ricalde reconoció que se trata de una ruta complicada porque en un momento se dijo que no era verdad que tendría que endeudarse el gobierno del Estado para rescindir e indemnizar a una empresa que ha incumplido desde que nació.

En asunto, dijo, ahora queda en manos del Estado de cuando menos hacer la ruta, lo que no puede hacer es renunciar a priori a esa ruta bajo el argumento de que es larga; sin embargo, hay que intentarla para darle respuesta a la gente, sobre todo a los usuarios que están a merced de la empresa por sus constantes fallas en el suministro del vital líquido y que no invierte en infraestructura.

De hecho, la empresa no ha cumplido con los ayuntamientos donde presta el servicio y “solo hay una contraprestación al gobierno del Estado por 300 millones de pesos”.

Es obvio que la empresa ha cometido diversas irregularidades en torno al cumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión que tiene desde el gobierno de Mario Villanueva Madrid.

En 2014, seis años antes de vencer el primer plazo de concesión de 30 años, el gobernador Roberto Borge Angulo y la entonces XIV Legislatura del Congreso del Estado autorizaron la renovación del contrato con la empresa por otros 30 años, aun cuando las deficiencias en el suministro de agua potable y la falta de infraestructura de la red hidráulica ya eran demasiado palpables.

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