Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR

CHETUMAL.- La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, Mariana Bello se quejó de no contar con viáticos ni oficina a pesar de que su sueldo es de 110 mil pesos mensuales.

Mariana Bello aseguró que tampoco tiene que cumplir con un horario laboral, pues trabaja en base a resultados.

Reconoció que tampoco deben acudir todos los días a su centro laboral porque ni oficinas tiene el Consejo de Participación Ciudadana.

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Dijo que el CPC “si ha dado grandes resultados”, aunque cabe mencionar que lo único que presentan son proyectos.

“Entregamos resultados, en realidad trabajamos por resultados porque la Ley es el mecanismo que le ha dado al comité de participación ciudadana no somos funcionarios ni funcionarias públicas”, comentó.

Incluso aseguró que “trabajan más horas que cualquier otra persona”

Y es que a pesar de que sus ingresos mensuales son similares a los de un secretario del Gabinete,  se quejó de que no tienen viáticos y tienen que poner parte de sus sueldos para movilizarse a otras partes fuera de la ciudad de Cancún.

Un dato importante es que de acuerdo con los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional en la prevalencia de la corrupción, según el último informe del INEGI de 2021.

Este informe del INEGI indica que más de 20 mil habitantes del estado tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron al menos un acto de corrupción. Además, no se puede pasar por alto la tasa de incidencia, que también sitúa a Quintana Roo en una posición preocupante, al estar muy por encima de la media nacional y ocupar la posición número 27 entre las 32 entidades del país.

Lo peor que la percepción ciudadana sobre la frecuencia de actos de corrupción también supera las cifras registradas dentro de la media nacional.

Además el estudio revela que en Quintana Roo 20.4 por ciento de su población de 18 años y más resultó víctima de algún acto de este tipo, mientras que Campeche registró 14.4 y Yucatán 11.1 por ciento, ubicándose en los lugares 15 y 22 respectivamente.

Los datos también están presentados por hombres y mujeres, en el caso de Quintana Roo arrojan que 25.2 por ciento fueron hombres y 14.9 mujeres; de Campeche 20.3 y 8.8 por ciento, y en Yucatán 16.6 por ciento de hombres y 5.4 de mujeres, el más bajo de la península.

Además, incluye datos sobre personas privadas de su libertad que fueron víctimas de actos de corrupción. En ese aspecto, en la Ciudad de México y el Estado de México, seis de cada 10 personas lo fueron en algún momento de su proceso penal, son los niveles más altos del país; los más bajos son Aguascalientes, Sinaloa y Campeche, con 15.8, 15.4 y 14.4 por ciento de la población penitenciaria, respectivamente.

Los policías son vistos como los más corruptos de los funcionarios públicos, con 88.8 por ciento, después están los partidos políticos con 85.4, los ministerios públicos con 76.1 y los diputados y senadores con 74.4 por ciento. 

El más bajo en percepción de corrupción corresponde a las escuelas de educación básica, con 31 por ciento; en el caso de la Guardia Nacional tiene 44.6, y el Ejército y Marina con 37.3 por ciento de los encuestados que consideran son instituciones corruptas.

A nivel nacional, 14.7 por ciento de la población de 18 años y más, que tuvo contacto con alguna autoridad en 2021, fue víctima de corrupción, cifra menor al año 2019 cuando se registró una prevalencia de 15.7 por ciento.

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